Por un lado, ofrece la realización de aportaciones a Mutualidades de Previsión Social y por otro, la posibilidad de complementar el producto con uno que suponga aportación al Patrimonio Protegido de la persona con discapacidad.
Por un lado, ofrece la realización de aportaciones a Mutualidades de previsión social, donde disfrutan de un régimen fiscal específico que puede ser muy interesante a la hora de plantearse la financiación de la persona con discapacidad en un futuro. Las aportaciones realizadas a favor de una persona con discapacidad gozan de una reducción en la base imponible del IRPF. A la rentabilidad financiera que pueda dar la Mutualidad por la gestión del dinero, hay que sumarle la rentabilidad fiscal, puesto que una parte de lo aportado vuelve en forma de menor pago de impuestos.
La aportación puede ser realizada por personas que tengan con la persona con discapacidad una relación de parentesco en línea directa o colateral hasta el tercer grado inclusive. Los beneficiarios únicos y de forma irrevocable del producto de Mutualidad deben ser personas con discapacidad con un grado de minusvalía física o sensorial igual o superior al 65%, psíquica igual o superior al 33% así como de personas que tengan una incapacidad declarada judicialmente, con independencia de su grado.
Por otro lado, es muy importante tener en cuenta en la actualidad la posibilidad de complementar el producto anterior con un producto que suponga aportación al Patrimonio Protegido de la persona con discapacidad. En este caso, se aporta dinero al patrimonio de la persona con discapacidad con unas condiciones formales, como es la de registrarlo en documento público. Además, el patrimonio formado, se encuentra sujeto a supervisión judicial y deberá tener nombrado un administrador del mismo, lo que garantiza el control sobre dicho patrimonio y que él mismo va a utilizar para el objetivo cubrir las necesidades de la persona con discapacidad. Si realizamos aportaciones regulares anualmente, al cabo de cuatro años, tendremos un patrimonio que nos permitirá pagar todos los gastos corrientes de la persona con discapacidad habiendo tenido un ahorro fiscal que puede llegar a ser importante.
El máximo de aportaciones a este patrimonio protegido se cifra en 10.000 € por familiar hasta tercer grado. Las reducciones y los grados de parentesco son iguales que en las aportaciones a Mutualidades de Previsión Social.
En definitiva, el sector privado puede proporcionar productos que cumplen con el objetivo social estipulado, que es garantizar el futuro de la persona con discapacidad y por otro lado nos incentivan mediante el aprovechamiento máximo de la actual legislación fiscal para que las personas que deben invertir en el futuro de sus familiares puedan beneficiarse de algún modo por un menor pago de impuestos.
Para más información: Mutualdis 900 505 125
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